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Ecología y Comercio Wolfgang
Sachs En cierta ocasión comentó Churchill que la democracia es el peor sistema gubernamental, exceptuando todos los demás. Pues bien, esto mismo puede decirse de la economía de mercado. Gracias al ingenio, la reacción rápida y sus agentes altamente motivados, diversos, dispersos y hábiles, los mercados logran una efectividad sin rival. Sin embargo, la eficiencia económica es un medio deseable y admirable sólo cuando no es un fin en sí mismo.
Los mercados nunca han existido para lograr
comunidad o integridad, belleza o justicia, sustentabilidad o santidad, y
por sí solos no lo lograrán. Depende de los ciudadanos, los gobiernos y los
legisladores asegurar que todas las formas de capital (natural, social y estético) estén tan protegidas como los propietarios del
capital económico
cuidan el dinero. a) Optar por el comercio justo, y no libre comercio En teoría, para tener ganancias, en riqueza real, en un mercado mundial liberalizado, es necesario movilizar bienes, capital y gente. En realidad, la movilidad existe para el capital y los bienes que fluyen del norte al sur. No obstante, existe menos movilidad para la gente y los bienes que fluyen del sur al norte. Así, la globalización abre el mundo para los ricos y poderosos, pero restringe a los pobres y más débiles el ingreso a los países acomodados. El norte industrializado es vacilante, si no hostil, para eliminar las barreras al libre movimiento de la mano de obra. Aunque se supone que las reglas de la OMC abren los mercados externos, la verdad es que se sigue restringiendo la entrada de las exportaciones de los países del sur a través de tarifas y otras barreras. Según los economistas, al reducir las barreras comerciales que quedan, los países del sur incrementarían sus ingresos en unos 130.000 millones $ anuales, es decir aproximadamente el triple de la ayuda oficial al desarrollo b)
Liberalizar con cuidado Se dice que para equilibrar la liberalización del comercio es necesario completarla en todos los lados. En nuestra opinión, esta posición es correcta dentro del marco del libre comercio, pero es cuestionable dentro de un marco de subsistencia sustentable.
La porfiada resistencia del norte a abrir sus
sociedades a la gente y a productos del sur es una importante señal de que la
plena globalización económica es imposible. La resistencia al acceso sin
condiciones se debe al temor de no poder mantener la cohesión social (como en
el caso de la immigración) o de que gran parte de la agricultura desaparezca
(como en el caso de los productos agrícolas). De hecho, ambos miedos son
justificados. La liberalización total del mercado amenaza la integración social y la soberanía alimentaria y a los ecosistemas. Sin embargo, lo que es válido para el norte, también es válido para el sur. En concreto, las importaciones agrícolas e industriales del norte también dañan en el sur la subsistencia y la sustentabilidad.
La
única diferencia es que el norte tiene el poder de traducir sus miedos internos
en reglas frente a la globalización, mientras que el sur está obligado a sucumbir a las políticas externas del libre comercio, a pesar de sus propios
miedos.
Los
países del norte deben dejar de imponer sobre el sur lo que ellos mismos no están
listos para dar, y deben conceder al sur el mismo derecho que ellos disfrutan:
el derecho a elegir cuidadosamente qué flujos de comercio se deben liberalizar. c)
Acceder a los mercados del norte El acceso libre e incondicional a los mercados del norte podría también dañar al sur, particularmente en el sector agrícola. En efecto, una política de "primero las exportaciones" no concuerda con una política de "primero los alimentos". Favorece a los grandes agricultores y a las transnacionales sobre los pequeños agricultores, promueve el monocultivo en vez de la biodiversidad y canaliza el apoyo público al sector exportador en vez de al sector de subsistencia. En cambio, un enfoque que priorice la alimentación, incorporaría la preocupación por la seguridad de los alimentos y la subsistencia, protegiendo las prácticas agrícolas sustentables, y promoviendo las exportaciones de pequeños agricultores a precios justos.
Dicha política no concentraría su interés en
acceder al mercado mayorista global, sino en consolidar una asociación entre
productores y consumidores, que ofrecería precios razonables por productos de
una calidad garantizada.
La
demanda por el acceso incondicional al mercado es autodestructiva, a menos que
se beneficie a los pequeños productores y a la agricultura de bajos insumos.
Claramente es necesario, como asunto de justicia y equidad, mejorar de manera
sustancial el acceso al mercado para los productos de los países en desarrollo.
Por ejemplo, hay que revertir el aumento de las tarifas, porque como son más
altas para los productos procesados, condenan a los países del Sur a continuar
exportando materias primas. Sin embargo, el sur tiene derecho a más que sólo a un mayor acceso al mercado. Es necesario que proliferen los acuerdos de comercio justo a todo nivel: entre comunidades y empresas, regiones y asociaciones comerciales, países productores y países consumidores.
Tales acuerdos deberían incluir, un tratamiento preferencial para los pequeños productores y para los productos
sustentables con precios que cubran sus costos. Estos acuerdos no promoverían
el libre comercio a cualquier costo, sino el comercio justo, lo cual tiene el
potencial de hacer avanzar la subsistencia sustentable en el sur y la
agricultura familiar de calidad en el norte. d) Enmarcar la OMC bajo la sustentabilidad
La
OMC, que establece las reglas del comercio
internacional, encarna la inquebrantable creencia sobre la bondad de las fuerzas
del mercado. Al concentrarse en la eliminación de las llamadas barreras al
comercio, busca establecer mercados libres a nivel mundial, removiendo las
restricciones emanadas de las culturas, las tradiciones políticas, los derechos
sociales o la protección ambiental. e)
Flexibilizar el libre comercio Dadas las diferencias en un mundo desigual y complejo, no es sorprendente que la aplicación de los estándares rígidos del libre comercio en todos los sectores y países pueda generar graves impactos.
Por ejemplo, la importación de
aceites comestibles baratos ha marginado a cientos de miles de productores de
coco en la India, tal como el maíz estadounidense barato ha arruinado a
numerosos agricultores en México, país de donde el maíz es originario. Se suelen descartar tales efectos, como el costo inevitable de un mayor bienestar para
el futuro, pero este tipo de argumento va completamente en contra de los
derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos de la ONU, junto a pactos internacionales posteriores a ella, anula las reglas del libre comercio y de los regímenes de ajuste estructural. Dado que el acceso al agua, a los alimentos y a los medios básicos de subsistencia son parte de los derechos humanos, será necesario limitar la liberalización del comercio cuando los derechos de subsistencia estén en peligro. Con estos antecedentes, el sector más apropiado para el libre comercio es el de los bienes industriales. En contraste, la agricultura, el agua, la tierra y los servicios básicos como la salud, vivienda y educación no son candidatos naturales para la liberalización del comercio.
En muchos casos,
los países del sur saben que no deben abandonar su soberanía alimentaria, ni su capacidad para producir suficientes alimentos para su
población. De
otra forma, no se mantendrá la independencia del país, ni la integridad y
seguridad de campesinos y pescadores. Se puede asegurar la protección de la subsistencia mediante una "canasta de desarrollo", la cual permite medidas de apoyo dentro de un mercado mayoritariamente no regulado o mediante la completa exención de la agricultura del libre comercio.
Aún cuando los países industrializados
detuvieran el dumping de los cultivos y la carne en el mercado mundial a través
de las subsidios de exportación (que se deben eliminar debido a que destrozan
continuamente los mercados en los países pobres, donde se han visto obligados
a liberalizar las importaciones), tal flexibilidad será necesaria para
proteger a los campesinos y a las prácticas agrícolas menos destructivas.
Por
otra parte, cada ciudadano tiene derecho al agua, además de la salud y educación;
y el acceso a estos bienes comunes no es cuestión de elección, sino una
necesidad. La gente no tiene alternativa cuando los precios de los servicios de
primera necesidad suben más allá de su alcance. Por tanto, no se puede dejar
la provisión de estos bienes a los mercados. La comunidad humana debe garantizar
a todos sus miembros el acceso universal a estos bienes. Desde esta perspectiva, es probable que la privatización transnacional del agua y de su abastecimiento y de los servicios básicos, como se están discutiendo actualmente bajo la OMC, termine en una catástrofe social. Dado que los pobres tienen poco poder adquisitivo, serán los primeros en perder.
Es necesario
subordinar las políticas de privatización al bien común. En consecuencia, es
importante limitar cuidadosamente el alcance de la competitividad
transfronteriza sin restricciones. Para responder a objetivos de sustentabilidad
y subsistencia, es imprescindible que el libre comercio sea colocado en el
contexto más amplio de la política pública. f)
Priorizar lo ambiental, sobre lo comercial Dos años después de la Conferencia de Río-1992, la Ronda de Uruguay culminó con el establecimiento de la OMC. El texto final del Acuerdo Uruguayo fueron más de 26.000 páginas (principalmente, horarios de servicios y tarifas detalladas). En comparación a eso, las 273 páginas de la Agenda 21 se leen como un breve llamado general a la acción. Los negociadores de la Ronda de Uruguay no se esforzaron mucho por incluir los compromisos de Río en sus deliberaciones. De hecho, muchas de las provisiones de la OMC contradicen el espíritu y, en algunos casos, la letra del convenio de Río y de otros acuerdos ambientales.
Además, los acuerdos ambientales generalmente incluyen procedimientos
voluntarios y no jurídicamente vinculantes para resolver disputas. Esto contrasta con el sistema de reglas vinculantes de la OMC, las cuales se pueden
hacer cumplir en última instancia a través de sanciones comerciales.
Varios
acuerdos ambientales, incluso el Protocolo de Montreal, el CITES y el reciente Protocolo sobre Bioseguridad, contienen provisiones que no concuerdan con las
reglas de la OMC. Estas inconsistencias surgen de premisas filosóficas
diferentes, y con ellas los acuerdos ambientales apuntan a controlar formas dañinas de
comercio, como el comercio de especies en peligro de extinción y de desechos tóxicos,
mientras que la OMC apunta a acabar con las barreras al flujo internacional de
productos. Aunque hasta ahora ningún país ha presentado un reclamo formal a la OMC por contravenir un acuerdo ambiental multilateral, en forma preocupante durante las negociaciones de acuerdos ambientales, suelen surgir argumentos sobre la consistencia con las normas de la OMC.
Estas tensiones, por ejemplo, fueron muy
evidentes durante las negociaciones del Protocolo de Cartagena-2000 sobre bioseguridad, lo cual, aún frente a la incertidumbre científica,
fomentó la
necesidad de tomar medidas de precaución contra el comercio transfronterizo no
regulado, cada vez que surja la posibilidad de un daño no reversible. Una manera de responder al desequilibrio de poder entre las poderosas reglas de la OMC y los acuerdos ambientales comparativamente más débiles sería otorgar a estos poderes de sanción parecidos a los de la OMC.
El Derecho del Mar-1994 de la
ONU, por ejemplo, creó un tribunal internacional como uno de los vehículos
posibles para resolver los conflictos sobre implementación y cumplimiento.
Ese cuerpo tiene el poder de imponer multas y otros castigos en el caso de que
un actor se encuentre violando los términos del acuerdo. Otra reforma urgente es enmendar las excepciones ambientales de la OMC, para aclarar que las medidas comerciales tomadas de conformidad con los acuerdos ambientales multilaterales (AAM) deben estar protegidas de cualquier cuestionamiento por parte de la OMC.
Tal provisión permitiría a los AAM
promulgar reglas para actividades económicas transfronterizas, lo que aseguraría
que el imperativo del desarrollo sustentable tuviera prioridad por sobre la
eficiencia económica, facilitando que el bien común se imponga por sobre el
bien empresarial. g)
Ampliar la autonomía política El art. 20 del GATT/OMC permite que los países regulen el comercio, si es necesario, para proteger la vida humana, vegetal o animal; o si la regulación se relaciona con la conservación de recursos naturales agotables. Sin embargo, hay 2 condiciones importantes de esta excepción.
En 1º lugar, las restricciones
comerciales sólo se pueden basar en las características físicas inherentes a
los productos de importación, pero no en las inherentes a los procesos
productivos en el extranjero. Está prohibido que los gobiernos se refieran a
una preferencia de proceso, como qué químicos se usan para producir una prenda de vestir, o si los productos forestales provienen de bosques
talados indiscriminadamente, o si se usan métodos de ingeniería genética para
un cultivo. En 2º lugar, las medidas comerciales se deben basar en principios y evidencias científicas suficientes. Las importaciones se pueden regular sólo en casos de riesgo, y el país importador debe demostrar la presencia de éste a través de evidencias científicas.
Como resultado de estas condiciones, varias leyes nacionales
ambientales y de consumidores han sido declaradas por la OMC como barreras
injustas al comercio. Estas incluyen la ley europea que prohíbe la venta de
carne producida con hormonas de crecimiento, una ley norteamericana que apunta
a proteger las tortugas marinas en peligro de extinción y restringe las importaciones de camarones cosechados en redes sin
aparatos de liberación de
tortugas. Existen 2 caminos para superar los obstáculos que pone la OMC a la sustentabilidad: -o
la OMC establece estándares ambientales multilaterales, Desde esta perspectiva, los países deben referirse clara y públicamente a los procesos productivos indeseables a través del sistema de gobierno sobre el comercio. De lo contrario, se anula la opción democrática para la producción sustentable. Además, los países deben actuar según el principio de precaución.
Al ampliar
el espacio para la auto-gobernanza democrática en todos los países, se reducen
los miedos del proteccionismo del norte en contra del sur. Mientras algunos países
podrían escoger altos estándares para los derechos humanos o ambientales,
otros podrían decidir gestionar un comercio que les ayude a mitigar la pobreza
o les facilite desarrollar nuevas industrias. Para algunos sería bueno hacer
eso, dado que ningún país ha logrado ser económicamente exitoso con mercados
sin condiciones frente a poderosos actores externos. Tanto el norte como el sur deben proteger el bien público, considerando como un mal menor las ineficiencias económicas que pudieran surgir. No obstante, siempre conviene que las reglas no se adopten unilateralmente, sino que todos los involucrados lleguen a un acuerdo multilateral sobre estándares mínimos.
Esto centra las
negociaciones en intereses mutuos y no en victorias individuales. Y coincide con
una nueva visión del sistema de comercio mundial, estructurado en base a la
cooperación entre países y no a través de la competencia entre empresas. h)
Penalizar la no cooperación ambiental La OMC intenta crear condiciones de igualdad entre productores nacionales y extranjeros. Sin embargo, un sistema comercial moderno debería tratar de crear condiciones de igualdad entre la producción ambientalmente segura y la ambientalmente destructiva.
Actualmente, éste no es el
caso, pues en todas partes las condiciones son desiguales y permiten que una economía
extractivista disfrute de grandes ventajas. El dinero público, por ejemplo, a menudo ayuda a degradar el medio
ambiente. La OMC podría tener un papel más constructivo para reducir y luego
eliminar poco a poco los subsidios ambientalmente dañinos a nivel mundial, para
dar las mismas ventajas a la producción sustentable. Cuando se trata de promover exportaciones, los gobiernos no dudan en sacrificar la sustentabilidad a los intereses de corto plazo. En los países industrializados es común ofrecer créditos de exportación para las inversiones externas. De hecho, muchas inversiones externas directas en los países del sur y del este se ven facilitadas por estos esquemas.
Hasta ahora, los gobiernos
de la OECD no han podido llegar a un acuerdo sobre estándares ambientales y
sociales mínimos para tales flujos de capital. Las inversiones dañinas
suelen ser apoyadas con el dinero de los contribuyentes, con la aprobación tácita
de muchos de los gobiernos del sur y del este. Gobernada por una agenda de sustentabilidad, la OMC podría iniciar un acuerdo multilateral sobre inversiones sustentables (AMIS), lo cual establecería pautas verificables para las inversiones externas directas. Una OMC sensible al bien común no debería promocionar la liberalización de cualquier inversión, sino condiciones igualitarias para las inversiones ambiental y socialmente seguras. Además, la violación de un acuerdo ambiental multilateral (AAM) se debe considerar como un subsidio injusto para la industria nacional. Los competidores extranjeros, que quizás tengan que cumplir algunas reglas derivadas de los AAM, podrían encontrar una desventaja. Por ejemplo, el Convenio sobre Diversidad Biológica está vigente desde 1993, y ha sido ratificado por 182 países, pero no por EE.UU, que sólo lo han firmado. En consecuencia, EE.UU, el actor más importante en el campo de la biotecnología, disfruta del derecho de acceso expresado en el convenio, pero no reconoce los deberes correspondientes, esto es el deber de conservar y usar la biodiversidad de manera equitativa y sustentable. Más aún, EE.UU es el único país que se ha negado a participar en el Protocolo de Kyoto.
En mi opinión, esta "no cooperación" es un
subsidio oculto para la industria estadounidense en el mercado mundial; ya que
el resto del mundo sufre una desventaja competitiva si EE.UU está eximido de la
reducción de emisiones. Tal situación es inconsistente con la filosofía
de la OMC. i)
Avanzar en responsabilidad empresarial A lo largo de las últimas décadas, en la medida en que las empresas han expandido sus actividades más allá de las fronteras nacionales, ha disminuido la habilidad de los estados para proteger el interés público.
Hasta la fecha
no existe ningún marco legal, ni estándares para hacer que las
transnacionales sean responsables en todos los países donde operan. Sin
embargo, el establecimiento de estándares globales, de manera voluntaria o a
través de acuerdos y protocolos vinculantes, está avanzando en el área de
los derechos humanos: estándares sobre los lugares de trabajo y sobre protección
y restauración ambiental. j)
Avanzar de lo voluntario a lo verificable Diez años después de la Cumbre de Río se produjo un cambio fundamental en los informes ambientales. Actualmente, 30 años después, las grandes empresas empiezan a informar, con niveles de rigurosidad variables, sobre su progreso ambiental o al menos sobre sus principios y metas ambientales. Algunas compañías, particularmente en Europa, han añadido indicadores o auditorías sociales, como parte de su informe sobre desarrollo sustentable.
Éstas y otras actividades se han realizado gracias a iniciativas voluntarias, diálogos
entre interesados,
activismo de las ONG, y debates públicos/privados. Estas iniciativas incluyen
desde Global Compact iniciado por la ONU hasta los
estándares que están siendo desarrollados y establecidos por la Iniciativa
para el Informe Global (GRI) y los índices de acciones sustentables y socialmente
responsables (como el Índice del Grupo de Sustentabilidad del Dow Jones o el Indice
Social Calvert). Aunque algunas compañías han introducido grandes mejoras en sus prácticas de adquisición, contratación de mano de obra y manufactura, los resultados generales desde Río son negativos. Iniciativas como el Global Compact y el GRI, con todas sus buenas intenciones, pueden guiar el proceso por muy mal camino.
El Global Compact invitó a las
compañías transnacionales (CTN) a practicar sus 9 principios sobre
la buena ciudadanía empresarial con respecto a derechos humanos, estándares
laborales
y protección ambiental, pero es voluntaria y carece de criterios de
cumplimiento o acción, aunque las compañías que firmaron sean más controladas por las ONG y las empresas evaluadoras del comportamiento socialmente
responsable.
Aunque
la iniciativa de la ONU representa una plataforma global positiva para el
aprendizaje e intercambio de puntos de vista, su raisondetre queda clara
cuando dice que "desde las conversaciones sobre comercio global en Seattle,
cada vez más empresas y líderes están reconociendo la importancia del Global
Compact como medio para abordar los problemas sociales y mantener abiertos los
mercados globales". Es dudoso que "mantener abiertos los mercados
globales" sea un buen punto de partida para lograr la responsabilidad social
empresarial. Una colaboración entre el PNUMA y CERES promueve actualmente la contabilidad triple. Es decir, la contabilidad económica, social y ambiental. Los movimientos de inversionistas socialmente responsables (que sólo en EE.UU controlan 2,1 trillones $ en acciones de las compañías que aprueban la evaluación de la contabilidad triple) han tenido progresos en la misma línea.
Por su parte, los estándares GRI se
denominaron como "los estándares de reportaje para la sustentabilidad",
sin definir lo que significaba sustentabilidad en relación a la justicia
social, los derechos comunes, la subsistencia o las medidas ambientales
globales. De hecho, no existe ninguna consulta con países u organizaciones del
Sur sobre el significado o interpretación del término. Aunque tales iniciativas son admirables en sí mismas, sólo generaron buena voluntad en las empresas mientras marginaron las reformas para universalizar los estándares de responsabilidad social. Las empresas han expresado especial unidad al declarar que, para incentivar que la comunidad empresarial se vuelva ambiental y socialmente responsable, bastan códigos voluntarios de conducta. Sin embargo, los autores de este memorándum no están de acuerdo con esa afirmación.
Particularmente, yo creo que el énfasis en los códigos voluntarios distrae la atención sobre
las verdaderas reformas que se requieren para cambiar la actividad y
comportamiento empresarial. Además, existe un agudo desequilibrio entre los
acuerdos comerciales multilaterales que tienen aspectos punitivos y judiciales,
y los acuerdos ambientales multilaterales no tienen instrumentos para asegurar
su cumplimiento. En la misma línea, los códigos voluntarios para la conducta
empresarial conllevan la misma debilidad, ya que son precisamente eso,
voluntarios. k)
Premiar la responsabilidad empresarial Las iniciativas voluntarias son elogiables, pero no se pueden sustituir por reglas verificables que establecen una línea base de derechos, deberes y comportamiento consistente. Bajo este prisma, un convenio para la responsabilidad empresarial, como la propuesta por Amigos de la Tierra Internacional de 2002, debe incluir mecanismos que permitan obtener retribución a los poseedores de derechos afectados negativamente. Los individuos afectados deben recibir status legal para reclamar contra las empresas matrices en donde éstas estén domiciliadas. Tal convenio debe identificar claramente los deberes ambientales y sociales de las empresas. Estos podrían incluir informes sobre el desempeño ambiental y social de una manera verificable, la consideración del consentimiento fundamentado previo de las comunidades afectadas, los intereses de los accionistas y de otros grupos interesados.
Finalmente, el convenio debe
definir reglas para patrones de conducta, significativamente altos,
dondequiera que operen las empresas. Tales reglas deben basarse en los
principios de los acuerdos internacionales sociales, ambientales y sobre
derechos humanos. l) Regular la producción socialmente responsable El término "empresas socialmente responsables" puede interpretarse erróneamente, como si el marco del desarrollo sustentable y las actividades socialmente responsables estuvieran dentro de la empresa. De hecho, la sustentabilidad debería referirse a la forma como se produce. Con este fin, yo propongo crear un marco para una producción socialmente responsable, que incluya toda la actividad comercial, desde las pequeñas a las grandes empresas, las empresas estatales, los agricultores, jefes de hogar, ganaderos y pescadores, entre otros. Si queremos lograr un verdadero bienestar para todas las personas de la Tierra, los mecanismos que crean y producen riqueza deben estar unidos a los valores sociales, los derechos humanos y los principios científicos con respecto a la biología y la ecología.
Con este marco se podría evaluar si un actor está
produciendo bienes o servicios de una manera responsable con nuestros derechos
comunes y nuestro patrimonio natural. Más aún, aseguraría la creación de
los mecanismos necesarios y las propuestas de regulación necesarias para un
progreso en base al bienestar social y la sustentabilidad ambiental. m) Redefinir la responsabilidad social La responsabilidad ambiental y social debe considerar y prevenir el daño a la comunidad de la vida a todos los niveles. La comunidad de la vida incluye, pero no está limitada a, la cultura, los derechos de subsistencia, el derecho a la biosfera, al agua limpia, al uso de la tierra, el derecho a un medio ambiente libre de materiales tóxicos y peligrosos, y el derecho a crear una cadena alimenticia viable dentro de los límites del medio ambiente. Además, cualquier marco que hable de la sustentabilidad debe apuntar al imperativo de Kant, al estilo de ¿qué pasaría si todos lo hicieran? El reconocimiento de que los bienes comunes globales no pertenecen a ninguna nación sino a todas las personas, es una precondición esencial para la creación de mecanismos para evaluar, si la producción está llevando a la sociedad hacia la sustentabilidad, o hacia una mayor polarización de la riqueza y una pérdida de capacidad. n)
Priorizar a los poseedores, sobre los interesados Creo que los poseedores de derechos tienen prioridad sobre los intereses económicos. De manera creciente, las empresas participan en diálogos multisectoriales para arreglar o discutir temas polémicos, como si todos los grupos de interés fueran iguales. Creo que las culturas locales tienen derechos a priori que preceden a los derechos del mercado, y que es necesario instituir mecanismos eficientes para proteger estos derechos humanos básicos. Más aún, aunque los productores y empresarios son importantes actores sociales, sus voces no deben tener un peso desproporcionado en los sistemas de gobierno.
Para este fin, es
necesario abordar de manera sistemática la reforma económica de las campañas
políticas y enfrentar la corrupción política. No es posible crear una sociedad sustentable, si dentro de ella son los empresarios los que gobiernan,
mientras el sector gubernamental permanece atado por los empresarios. o)
Informar sobre los procesos productivos La Convención de Aarhus-1998 reconoció por 1ª vez derechos ambientales básicos, como el derecho a la información, la participación y el acceso a la justicia. En el contexto de estos principios, creo que debe existir la libertad universal a la información con respecto a todos y cualquier proceso productivo, sin importar que se realice en instituciones, ciudades, campos, el sector público o el sector privado.
También demando sesiones públicas
sobre temas que afectan los derechos comunes, e insisto que el acceso a la
justicia sea universal. Estos derechos son esenciales para impedir que las
fuerzas del mercado destruyan, deliberadamente o no, el medio ambiente y la
cultura. p)
Ir más allá de la responsabilidad limitada No creo que el principio de responsabilidad limitada sea una medida efectiva para garantizar la adhesión a los estándares y leyes sociales y ambientales. ¿Por qué? Porque el factor económico es el principal ciclo que determina la actividad empresarial.
Dado que los derechos que deben ser protegidos no pueden ser
monetarizados, se necesita una manera directa e infalible para medir
comportamiento y rendir cuentas desde los niveles gerenciales. Tales mecanismo
para la exactitud en los informes sociales debería ser responsabilidad de
los directores ejecutivos. q)
Proponer un Principio de Precaución Creo que el principio de precaución es un derecho universal. Por ello es necesario garantizar que las tecnologías, procesos, materiales, sustancias químicas y productos sean seguros antes de introducirlos al mercado, y la carga de la prueba debe recaer sobre el productor, y no sobre el comprador.
Donde exista
incertidumbre, ignorancia o desconocimiento sobre las consecuencias a largo
plazo, los ciudadanos tienen derecho a prevenir la posibilidad de un daño
irreversible o acumulativo. Esto significa que tienen derecho a considerar una
gama de alternativas, incluso la opción de exigir no actuar, es decir
desestimar el proyecto. En resumen, propongo colocar los principios para la producción socialmente responsable dentro de un marco de derechos y responsabilidades. En la década pasada se documentaron ampliamente las vías a través de las cuales los productores podían orientar su producción hacia métodos sustentables y hoy continúan aumentando las opciones para facilitar esa tarea. Sin embargo, los medios técnicos para reducir el impacto ambiental no crean sociedades justas, igualitarias o sustentables. Es necesario crear un sistema basado en derechos, para que las sociedades y productores trabajen juntos en la creación de actividades mutuamente reafirmantes, que no sólo sostengan a la gente y los lugares, sino también recobren lo que está perdido y que es recuperable. Esto incluirá, entre otros, el derecho a saber, el derecho a monitorear, el derecho a productos sanos, los derechos del consumidor, así como el posicionamiento del consumo en un contexto cultural más amplio. La expansión y el crecimiento comercial no considerarán la pobreza, ni la privación, a menos que el crecimiento económico esté fundamentado en los derechos humanos fundamentales que transcienden los códigos comerciales. .
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