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Preservar la Naturaleza Wolfgang
Sachs La destrucción del medio ambiente es apoyada hoy en día con gran cantidad de fondos públicos. Al mismo tiempo, los gobiernos siguen otorgando muchos subsidios directos e indirectos a la economía petrolera y de gas, a la agricultura industrial, al transporte y a la explotación pesquera y forestal. Estos subsidios se estiman entre 800.000 y 1.000.000 millones $ anuales a nivel mundial. Acabar con tales subsidios ahorraría más de 650.000 millones $ anualmente, que es lo que la Agenda 21 estima como el costo necesario para movilizar a las sociedades hacia la sustentabilidad. Al eliminar tales subsidios, ya no se marginaría la producción limpia, la agricultura sustentable o las prácticas artesanales. Los subsidios dañinos funcionan como desinversiones, dejando el medio ambiente y la economía en peor estado que si el subsidio nunca hubiera sido otorgado. En concreto: -aumentan los costos de los gobiernos y también los déficits, La eliminación de los subsidios perversos, que hoy en día otorgan regularmente los gobiernos a las empresas, supondría una gran inversión, gratuita y ahorradora de dinero a favor de los recursos naturales y los ecosistemas. Además, pondría fin a a aquellas prácticas dañinas al medio ambiente, que son fomentadas por dichos subsidios. a) Preservar los recursos naturales La base de los impuestos debe cambiarse de aquellos actualmente aplicados al empleo, a otros impuestos vinculados al gasto de recursos, a la contaminación ambiental y al consumo derrochador. La reforma ecológica de los impuestos asegura que los consumidores reciben la información correcta en los precios de los bienes. Por ejemplo, un impuesto a la emisión de dióxido de carbono, por su efecto sobre el precio de la electricidad producida con carbón, haría más competitiva la energía solar fotovoltaica en el mercado nacional e internacional, y así contribuiría a reducir la amenaza del calentamiento global. Del mismo modo, si el precio de la madera de los bosques primarios reflejara la pérdida de diversidad biológica que se produce al extraerla, la madera obtenida sustentablemente sería más competitiva en los mercados nacionales e internacionales. Así mismo, los consumidores cambiarían su comportamiento si viesen en sus cuentas de electricidad que contaminar la atmósfera con el petróleo que calienta sus hogares es mucho más caro que instalar ventanas con doble vidrio, usar aislantes y energías renovables. Esto es igualmente cierto para los productos forestales, las fibras, los alimentos, el transporte o los materiales químicos reactivos (los enzimáticos). A largo plazo, es más caro degradar la Tierra, que conservarla bien. Sin embargo, todas y cada una de las señales de nuestro sistema de fijación de precios y del mercado bursátil indican lo contrario. El acto de vincular los costos con los precios de una manera justa y no regresiva, buscando proteger a la población de bajos ingresos, contribuiría más a la sustentabilidad empresarial que cualquier otra acción. Una economía de costo mínimo regenerativa crearía sistemas agrícolas, forestales, de transporte, construcción y comunicación con menores impactos sobre el medio ambiente. Sin embargo, desde el inicio de la época industrial se ha considerado sólo la mitad de la realidad. Se supone que tenemos un sistema capitalista, pero éste curiosamente sólo otorga valor a un tipo de capital: el humano. Sigue tratando a los demás recursos renovables y no renovables como bienes gratuitos, sin valor, hasta que son transformados en productos y servicios. En un sistema de costo mínimo, los recursos que constituyen el "capital natural" serían valorizados de acuerdo al costo de su reposición. En vez de competir para producir bienes a un precio menor, la competencia estaría basada en producir bienes y servicios con impacto mínimo sobre la integridad de los recursos naturales, y por ende, con menor costo para las actuales y futuras generaciones. Los sistemas más eficientes, en términos industriales y biológicos, son más beneficiosos para las personas que compran los productos, para los que los fabrican, para los hábitats de donde se extraen y para las generaciones futuras. En la medida en que las economías se integran globalmente, la cuestión de los precios y los costos se definen en un escenario internacional. Si no existe una acción internacional coordinada, será difícil que un solo país pueda establecer precios que reflejen el costo ambiental total. Como consecuencia, los consumidores comprarán los productos importados a precios artificialmente baratos debido a que los países de procedencia no incluyeron los costos reales. En este contexto, los países que se esfuercen en estructurar precios que reflejen los costos ambientales, tendrán una desventaja crónica en los mercados internacionales. Por ello, es esencial una acción internacional coordinada. b) Preservar los bienes comunes Ningún país o empresa puede reivindicar un derecho de propiedad sobre los bienes comunes globales, como la atmósfera, el espacio aéreo, los océanos o los lechos marinos. Estos no pertenecen a nadie y, en consecuencia, pertenecen al patrimonio común de los seres humanos. Son bienes comunes y, mientras éstos no se regulen, el libre acceso prevalece. Sin embargo, cuando una comunidad diseña reglas para proteger el bien común de la sobreexplotación, curiosamente el régimen del libre acceso se convierte en un patrimonio común. En estos casos, la comunidad internacional debe actuar como un guardián que protege el derecho de todas las generaciones presentes y futuras. Ser guardián implica identificar e implementar reglas para un uso justo y sustentable de los recursos comunes que constituyen el patrimonio natural de la humanidad. La ausencia de reglas que cubren este tercer tipo de propiedad (más allá de la propiedad individual y pública) es una de las principales causas del mal camino tomado por el capitalismo. Hasta ahora, el capitalismo ha sobrevivido acumulando los insumos no pagados (semejante a un parásito que vive de su anfitrión). Para revertir esta situación, se necesita una nueva generación de instrumentos, tales como el pago por el uso de los bienes comunes. Los pagos por el uso protegen los bienes comunes al aumentar su precio y exigen que estos se utilicen bien y se generen recursos para reponerlos o conservarlos. c) Preservar los espacios compartidos Con respecto a la atmósfera, es obvio que cualquier individuo o comunidad disfruta del derecho de uso, debido a su mera existencia. Sin embargo, este derecho sólo existe mientras el bien común se pueda regenerar. Más allá de ese nivel de sustentabilidad, se debe exigir el pago por el derecho de uso a determinados países que se exceden, pero sólo con el consentimiento de todos los demás países, aprobado por medio en acuerdos internacionales. La asignación de niveles permitidos de emisión en el Protocolo de Kyoto es un paso en esta dirección. Bajo un esquema de comercio, los derechos de emisiones serán intercambiados entre los sobreusuarios de los países industrializados y los subusuarios de los países en desarrollo, si es que a éstos les conviene venderlas. Sin embargo, bajo un sistema de licencias no se otorgan derechos de uso a los subusuarios, porque no se puede dividir un bien común en partes de propiedad individuales. En cambio, hay licencias temporales al sobreuso a disposición para los países que sobrepasan los límites de emisiones permitidos. Estas licencias también deben vincularse a una tarifa, cuyo monto puede fijarse en base a la demanda de estos permisos. El objetivo es acercarse, sea a través de un sistema de comercio o de uno de licencias, a un acceso más equitativo a los bienes comunes. También, el espacio aéreo global se utiliza como medio de transporte, siendo la aviación una creciente fuente de gases de invernadero (lo cual no está incluido en los compromisos de reducción del Protocolo de Kyoto). Para compensar el uso y la contaminación de un bien común, es justo y necesario cobrar por el uso del espacio aéreo, debido a las emisiones aeronáuticas. Según el Consejo Asesor Alemán para el Cambio Global (WBGU), que acaba de proponer dicho cobro, los costos que serían necesarios para evitar los gases de invernadero de la aviación suman entre 3.000 y 30.000 millones $ anuales. Esto significa que las ganancias por cobros de emisión generarían unos 3.000 millones $ desde el inicio. Esto significa 30 veces el presupuesto anual del Programa para Medio Ambiente de la ONU. Dicho precio ayudaría a reducir la demanda de viajes en avión, al incorporar parte del costo del daño ambiental al precio de un pasaje. Esto no sólo es justo para quienes no acceden a este transporte, sino también es un incentivo para avanzar hacia una mayor eficiencia en los motores, en los aviones y los trayectos. Los fondos generados se podrían utilizar mayormente para mitigar los impactos sobre el clima. Por ejemplo, para financiar la Agencia Internacional para Energías Renovables, o para otras agencias activadas a nivel internacional en el combate contra el cambio climático. Finalmente, el uso del espacio marítimo para el transporte es otro ejemplo clásico de un bien común de libre acceso. Aunque el transporte oceánico no es problemático desde la perspectiva ambiental, la contaminación marina y del aire son considerables. Por esta razón, se debería cobrar una tarifa anual a los barcos, con rebajas a favor de la eficiencia energética y la tecnología limpia y segura, sin importar la nación o sede de la compañía. Como la mayor parte del transporte oceánico tiene su origen en los países industrializados. La OECD podría dar un ejemplo y tomar la iniciativa, como hizo en la WBGU de 2002. .
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