¿Quién controla el Clima?

Anna Maddrick
Mercabá, 15 junio 2026

        La cuestión central de la ecología es proteger las condiciones de vida (la atmósfera y el clima), sin que la coordinación internacional degenere en una forma definitiva de control centralizado y autoritario. Como cuestión subyacente, la ecología ha de denunciar la destrucción masiva del planeta, basada en la percepción de que éste es un recurso que puede ser explotado, dominado y controlado.

        La crisis ambiental actual, causada y provocada por el ser humano, nos está empujando hacia una dictadura global. Por ello, el gran desafío ecológico es reemplazar el antropocentrismo actual (falto de ética) por el biocentrismo (ese todo interconectado, de hombre y naturaleza).

        Para evitar tendencias autoritarias, las tecnologías (actualmente orientadas a la vigilancia y control) deben ser apartadas del dominio exclusivo de unos pocos. Es más, estas poderosas infraestructuras, incluida la IA, deberían ser transformadas en herramientas de monitoreo públicas y transparentes, capaces de romper el monopolio de los datos climáticos y devolver el conocimiento a la sociedad.

        ¿Es esto una utopía? No, sino una distopía que sin duda se avecina. ¿Por qué? Porque la situación actual podría propiciar un cambio de mentalidad, esencial para nuestra supervivencia. ¿Y cuál es la situación actual? Esta misma: que hoy en día el clima está controlado por dos actores nada más: la ingeniería del cielo y el vacío de gobernanza global.

        No hace mucho, la idea de que la humanidad pudiera manipular los sistemas planetarios que rigen la vida en la Tierra era, en gran medida, una película de ciencia ficción. Hoy en día, en cambio, es objeto de un serio debate político.

        Las propuestas de geoingeniería varían ampliamente, desde aumentar la reflectividad de las nubes marinas (que implicaría rociar partículas de sal en las nubes bajas, para incrementar su reflectividad) hasta inyectar aerosoles estratosféricos en la atmósfera superior (lo que liberaría partículas reflectantes, para reducir la cantidad de luz solar que llega a la superficie terrestre).

        Por poner otro ejemplo, existen planes para fertilizar el océano con hierro (para estimular la proliferación de algas que absorben CO2), y el Proyecto Cortina del Fondo Marino propone anclar una barrera de 80 km en el lecho marino frente al glaciar Thwaites (Antártida), para bloquear las aguas cálidas que aceleran su colapso.

        Make Sunsets, una empresa con sede en Estados Unidos, ya vende "créditos de refrigeración", y lanza globos que transportan SO2 a la estratosfera. Por último, se prevé que la financiación total para la investigación sobre la gestión de la radiación solar se triplique para 2030.

        Durante gran parte de la historia de la Tierra, sólo la naturaleza tuvo el poder de remodelar los sistemas planetarios. Las edades de hielo avanzaron y retrocedieron, mientras los volcanes, asteroides y nuevas especies tenían un impacto radical en la atmósfera. Por su parte, las sociedades humanas podían transformar los paisajes, pero no los sistemas ambientales fundamentales que rigen la vida en la Tierra.

        Los combustibles fósiles actuales han transformado esta relación. Al aprovechar cientos de millones de años de energía solar almacenada, y combinarla con tecnologías cada vez más potentes, la humanidad ha adquirido una influencia que antes estaba reservada exclusivamente a las fuerzas planetarias.

        La geoingeniería, al igual que las prácticas existentes de modificación del clima (como la siembra de nubes, utilizada durante décadas en China, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Australia), está llevando esta transformación un paso más allá, y está pasando de alterar el clima (de forma involuntaria) a intentar gestionarlo (deliberadamente).

        A diferencia de los mecanismos artificiales (como un motor a reacción, complejo pero predecible), el clima de la Tierra es un sistema complejo. Su comportamiento surge de innumerables interacciones y mecanismos de retroalimentación, lo que significa que las intervenciones en una parte pueden desencadenar consecuencias en otras, sin que nada se puede predecir por completo. El impacto de cualquier intervención, a escala planetaria, sería necesariamente planetario.

        Por poner un ejemplo, los modelos de geoingeniería solar podría alterar las corrientes oceánicas y los patrones de precipitación en regiones enteras, con consecuencias potencialmente profundas para los ecosistemas, el suministro de agua y la agricultura.

        Por poner otro ejemplo, la fertilización oceánica conlleva el riesgo de promover floraciones de algas tóxicas que crean zonas muertas con deficiencia de oxígeno, devastando las cadenas alimentarias marinas. Incluso una intervención aparentemente pequeña, como un dique frente a un solo glaciar, podría alterar la circulación oceánica y la vida marina, con repercusiones mucho más allá del lugar de la intervención.

a) Mercantilización de los bienes globales

        Por convención, se entiende que los bienes comunes globales incluyen la alta mar, la atmósfera y el espacio ultraterrestre. Estos dominios que están más allá de la propiedad nacional de cualquier estado, y forman parte del patrimonio colectivo de la humanidad, libres de reivindicaciones territoriales o privatización.

        En el apogeo de la carrera espacial en 1967, la comunidad internacional respondió con el Tratado del Espacio Ultraterrestre, y declaró el espacio ultraterrestre patrimonio común de la humanidad (PCH), más allá de la propiedad nacional y destinado al beneficio de todos.

        Si bien el alcance jurídico y la aplicación del principio del PCH siguen siendo objeto de debate internacional, este principio sugiere que algunos lugares son demasiado importantes como para reducirlos a los intereses de los estados individuales, y que su gobernanza debe reflejar las responsabilidades para con la humanidad en su conjunto.

        En la gestión sostenible de los bienes comunes globales, cada vez más comercializados y militarizados, el respeto al principio del PCH, así como a los marcos jurídicos asociados, sigue siendo fundamental. Sin embargo, este principio se encuentra cada vez más bajo presión.

        La economía espacial global estaba valorada en más de 600.000 millones $ (2025), y se prevé que supere los 1.800.000 millones $ en 2040. Más de 14.000 satélites activos, a menudo con capacidades militares duales, orbitan actualmente la Tierra, la mayoría operados por empresas privadas.

        Mientras tanto, los gobiernos consideran el espacio, cada vez más, como un dominio estratégico, desplegando satélites de vigilancia, desarrollando armas anti-satélite y compitiendo por el control de la infraestructura espacial de la que dependen las fuerzas armadas modernas.

        La actual falta de regulación efectiva, así como las estrechas relaciones entre actores privados y gubernamentales, plantean importantes problemas sociales y ambientales. Ningún organismo internacional regula eficazmente lo que las empresas privadas pueden hacer con los bienes comunes que están colonizando rápidamente.

        Reflect Orbital, una empresa emergente estadounidense, con ambiciones comerciales más que climáticas, está desarrollando una constelación de satélites diseñada para redirigir la luz solar hacia clientes que paguen por ella. El proyecto, a forma de "luz solar a demanda" (como la empresa lo denomina), planea multiplicar sus 2 satélites actuales (2026) a más de 50.000 para 2035.

        La geoingeniería, al igual que la "luz solar a demanda", opera en el vacío legal, e implica la manipulación deliberada del entorno de radiación terrestre desde el espacio. Por su parte, los defensores de la geoingeniería solar argumentan que el empeoramiento del cambio climático deja a la humanidad con pocas opciones.

        El hecho de que el cambio climático presente riesgos graves no significa que toda intervención tecnológica esté justificada. El peligro no reside simplemente en el riesgo de consecuencias imprevistas, sino en que la humanidad está desarrollando el poder de manipular los sistemas planetarios, y lo está haciendo porque no existe un marco consensuado que defina quién puede hacerlo, bajo qué condiciones y con qué responsabilidad.

b) Escudo anti-ecocida, por parte del mundo vivo

        Cada sociedad establece límites sobre lo que considera intolerable, y el derecho penal internacional da expresión a algunos de los tabúes compartidos más fundamentales al clasificarlos como crímenes atroces (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión sexual...). En cambio, el derecho al ecocidio busca extender este marco a la relación de la humanidad con el mundo vivo.

        En 2021, un panel independiente de expertos en derecho internacional definió el ecocidio como la "suma de actos ilícitos, o malintencionados, cometidos a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de causar daños graves, generalizados o a largo plazo al medio ambiente".

        Contra el ecocidio de unos pocos, lo que haría falta es un escudo anti-ecocida por parte de la mayoría. Es decir, una reacción igual, y en las mismas proporciones, que el mal que se está cometiendo. Con ello, lo que se estaría gestando es la prevención, y la disuasión de atentados graves contra el medio ambiente, por parte de quienes ostentan el poder de cometerlos.

        Lo que en su momento fue una propuesta principalmente académica y de la sociedad civil (la ya descrita), hoy en día está atrayendo una activa participación diplomática y legislativa a nivel mundial. En 2024, Vanuatu, Fiyi y Samoa propusieron formalmente enmendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, para reconocer el ecocidio como el 5º crimen internacional.

        Al mismo tiempo, están surgiendo iniciativas regionales en América Latina, Europa y África, y países como Francia, Bélgica y Mauricio ya han tipificado el ecocidio como delito autónomo. También se están impulsando propuestas legislativas en jurisdicciones tan diversas como Escocia, Italia, Países Bajos, Ghana, India, Filipinas, Argentina y Perú.

        Una ley anti-ecocida no prohibiría la investigación científica, ni impediría futuros debates sobre geoingeniería, pero sí que podría establecer que los bienes comunes globales no son un vacío legal, y que nadie puede manipular los cielos, y que ningún actor puede causar daños generalizados a los sistemas que sustentan la vida, so pena de enfrentar una responsabilidad penal personal.

        En todo esto subyace una pregunta fundamental: ¿Por qué invertir billones de dólares en desarrollar tecnologías que van a crear problemas que más adelante habrá que resolver, con otra millonada gastada?

        El escudo anti-ecocida tiene sus raíces en la Guerra de Vietnam, cuando las armas de guerra impactaron directamente contra el medio ambiente y provocó una modificación climática local. Unos 60 años después, el desarrollo de la geoingeniería plantea problemas internacionales similares, y sigue estando libre de rendir cuentas, ser disuadida o salir de los ámbitos de poder de las primeras potencias mundiales.

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  Act: 15/06/26       @portal de ecología            E D I T O R I A L    M E R C A B A     M U R C I A