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Efectos de la Guerra Juan
Caprio
La
economía de guerra y la crisis climática no son fenómenos separados, sino
parte del mismo sistema. A medida que el planeta se calienta y los ecosistemas
colapsan, los gobiernos y las instituciones deben recurrir cada vez más a la
guerra militar, reforzando un modelo que acelera la devastación ambiental y
social. Esta es la evidencia que surge de la monografía "Economía de guerra y su impacto en el medio ambiente y en el clima", publicada por A Sud y el Centro de Documentación de Conflictos Ambientales, en colaboración con la asociación cultural Paralelo 46. Dicha monografía se divide en dos partes. La 1ª parte explora la conexión entre el sistema de combustibles fósiles, la industria militar y las políticas militares. La 2ª parte ofrece un enfoque geográfico que muestra cómo estos procesos se manifiestan concretamente en los territorios, en los conflictos, en la extracción de recursos y en la devastación ambiental. La monografía analiza el problema estructural de la industria bélica, la crisis ecológica y el deseo global, llegando a la conclusión de que "la militarización no es una respuesta a la crisis, sino uno de sus principales impulsos". La monografía también explica cómo el sector militar es uno de los más intensivos (en energía) y opacos (en la economía global), con un enorme impacto climático que en gran medida no se contabiliza. También explica cómo el aumento del gas militar se concentra precisamente en los países más responsables de las emisiones que alteran el clima.
En
las últimas décadas, el consumo mundial de gas militar ha aumentado
significativamente, concentrándose principalmente en los países que más
contribuyen a la crisis climática. Tan sólo entre 2000 y 2023, el consumo
mundial de gas en defensa aumentó un 85%, y los 15 países con mayor consumo
representaron más del 80% del total mundial. Estos mismos 15 países generan
2/3 de las emisiones que alteran el clima. Por ello, el consumo de
gas militar aumenta cuando se concentran más emisiones.
La
coincidencia entre los principales factores que impulsan la guerra, y los
principales emisores de gases de efecto invernadero, no es casual, pues una economía
militarizada consume energía y materias primas con la misma rapidez con la que
genera deseo e inestabilidad. Además, la guerra produce efectos ambientales
que perduran mucho más allá de la duración del conflicto.
Las operaciones militares, afirma la
monografía citada, "devastan territorios,
contaminan suelos y aguas, destruyen infraestructuras y sistemas agrícolas y
sociales". Esto incluye las emisiones derivadas de la reconstrucción de ciudades
devastadas, las labores de limpieza y la reactivación de la economía local.
Los conflictos contemporáneos "no son sólo tragedias humanas, sino también
desastres ecológicos de enormes proporciones". En los primeros 36 meses de la invasión a gran escala de Ucrania, por parte de Rusia, se liberaron 237 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, y en tan sólo los primeros 60 días del asalto israelí a Gaza se produjeron otras 281.000 toneladas.
Sin embargo, la relación entre
guerra y crisis climática no se limita a las zonas de conflicto. Incluso
en tiempos de paz, las fuerzas armadas mundiales consumen enormes cantidades de
energía y recursos. Las bases militares, las flotas navales, las fuerzas aéreas,
los sistemas logísticos y la producción de armamento dependen en gran medida
de los combustibles fósiles. Esta dependencia energética no es un detalle
técnico, sino parte integral de la organización del poder global contemporáneo.
Cuando
hablamos de "seguridad energética",
entramos en el terreno de las estrategias para mantener el poder
político-militar. Estas estrategias orientan decisiones, alianzas e
intervenciones, y son necesarias
para justificar el uso del poder y garantizar la continuidad de un modelo energético
basado en combustibles fósiles. En el discurso dominante, la energía no se concibe como un bien común que deba transformarse, sino como un interés estratégico que debe defenderse. Esta no es una interpretación forzada, pues históricamente la seguridad energética surgió como una cuestión militar. Desde la post-II Guerra Mundial, el acceso estable al petróleo y al gas se ha convertido en un elemento central de las estrategias de defensa de los estados industrializados.
La protección de
las rutas marítimas, los puntos estratégicos y la infraestructura extractiva
se incorporó gradualmente a la doctrina militar, especialmente en las políticas
de seguridad de las potencias occidentales. De hecho, la Doctrina Carter afirma
explícitamente que "el acceso al petróleo en el Golfo Pérsico es un interés
vital que debe defenderse por todos los medios", incluida la fuerza militar. Los ejércitos se encuentran entre los principales consumidores institucionales de los combustibles fósiles. Aviones militares, flotas navales, vehículos blindados, bases permanentes, fuerzas armadas, entidades gubernamentales globales... todos ellos trabajan con petróleo, gas y sus derivados. Sin estos flujos energéticos, el aparato militar contemporáneo no existiría. Este consumo produce emisiones sistémicas comparables a las de otros estados. Sin embargo, permanece prácticamente invisible. Otra monografía exitosa, titulada "Almacenes que se convierten en arsenales", editada por Alessandro Coltré, trata específicamente el caso italiano, analizando la zona de Anagni, en la provincia de Frosinone, a pocos metros de un área de servicio en la Autostrada del Sole, donde se está llevando a cabo la desmilitarización para la producción de artillería de calibre medio y grande y pólvora municipal. En Castelfranco Veneto, los tanques están dando paso a las balas, y en English Sulcis la RWM (empresa italiana controlada por el grupo alemán Rheinmetall) ha recibido la Evaluación de Impacto Ambiental que permitirá duplicar sus plantas para aumentar la producción de bombas, drones y pólvora municipal. Así van las cosas. .
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