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Medios de Comunicación
Querétaro,
10 agosto 2026 El 28 julio 2026 el gobierno mexicano presentó un borrador de Lineamientos para la Protección de las Audiencias, que en principio sólo obligaría a los concesionarios de radiodifusión (es decir, la televisión abierta y de paga; y la radio comercial, pública y social), dejando fuera a la prensa impresa y las plataformas digitales. Los lineamientos propuestos aluden al deepfake que lleva a la desinformación y nueva propaganda. No obstante, dichos lineamientos no entran en la reconfiguración de la realidad que, desde el poder o la presión, se podría hacer. En 1º lugar, sí es urgente que los medios tengan un código ético, cuenten con un defensor de las audiencias y establezcan mecanismos de atención a las quejas, que ayuden a distinguir la información de la opinión o la publicidad. No obstante, esto es algo que, con mayor o menor compromiso, los medios ya realizan en sus propios criterios editoriales (eso sí, no del todo claros para las audiencias). Por otra parte, dichos criterios deberían estar más cercanos al bien común, en lugar de buscar la complacencia del dueño o concesionario. En 2º lugar, sí es bueno que los medios de comunicación estén alejados de las estructuras intermedias de la sociedad (partidos políticos, empresas, sindicatos, equipos de fútbol, iglesias...), pues éstas son casi siempre las responsables de la polarización social. No obstante, sería "peor el remedio que la enfermedad" si no son todas las estructuras las que se extirpan, y tan sólo la mitad de ellas o las contrarias. Por otra parte, la existencia de influencers, y su verborrea, es responsabilidad casi exclusiva de sus followers, y en eso poco o nada pueden hacer los Lineamientos ni los medios de comunicación. En 3º lugar, la labor gubernamental debería mantenerse al margen de las editoriales de la comunicación, ¡por supuesto! No obstante, eso no es suficiente, pues lo que debería hacer es velar por la imparcialidad, objetividad y veracidad, y eso es algo que los Lineamientos no contemplan. Los usuarios y ciudadanos debemos hacer frente a las arbitrarias definiciones algorítmicas de los grandes consorcios tecnológicos y de sus intereses. Hemos de responsabilizar a los gobiernos respecto al buen funcionamiento de los mass-media, hemos de acudir a los tribunales para que no se pisotee la sana convivencia social. En 4º lugar, el mecanismo de queja y sanción para el control de contenidos, y obligaciones de los medios concesionados, coloca el proceso total bajo la suprema autoridad de un funcionario público. No obstante, ¿quién es este "árbitro de la verdad"? ¿Quién lo elige? ¿Y qué método va a seguir para considerar una información falsa y otra veraz? Pensarlo da vértigo, y nada aventurado resultaría pensar que sería el títere de turno, elegido por el gobierno de turno, atado a lo que en cada momento le vayan diciendo y contradiciendo. Vivimos en una época de nuevas instancias emergentes de poder y control, que superan por mucho al estado tradicional y están determinando todos los condicionamientos sociales de información, visibilidad y participación ciudadana. En estas nuevas condiciones, los representantes del estado están intentando recuperar el poder y control perdidos frente a dichos new-media, a través de mecanismos prohibitivos, sancionatorios o directamente coercitivos. El vacío de las leyes vigentes, para combatir la desinformación y la nueva propaganda, no puede derivar en un nuevo recorte estatal de derechos comunes y libertades particulares, ni entrometerse en el campo ajeno de la industria tecnológica de microchips. Por supuesto, hay que enderezar dichos poderes tecno-informativos hacia el bien social común (por deber, pues gozan de derechos), pero no haciendo saltar por los aires el estado de derecho o los derechos humanos fundamentales. .
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